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24-06-2020
Por el tema Vicentín

El gobernador se reunió con la Mesa Agropecuaria

 El gobernador se reunió con la Mesa Agropecuaria

Las cuatro entidades que representan a productores de la provincia mantuvieron un encuentro virtual con Omar Perotti y parte de su gabinete para intercambiar propuestas superadoras. 


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Por el lado de la producción estuvieron Lucas Magnano, Marcelo Braidot y Julio Stechina de Coninagro; Marcelo Bianchi y Omar Barchetta de Federación Agraria; Luis Giraudo, Ricardo Firpo y Guillermo Cullen de Sociedad Rural Argentina; y Carlos Castagnani, Ignacio Mántaras, Sara Gardiol y Rubén Ferrero de Carsfe y CRA. En representación del Gobierno Provincial estuvieron el gobernador Omar Perotti, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología Daniel Costamagna y el secretario de Justicia Gabriel Somaglia. La orden del día: “analizar las acciones promovidas por el Gobierno Provincial en relación a la empresa Vicentín y la posición ante el Gobierno Nacional”.

 

Según expresaron en una gacetilla de prensa, las entidades manifestaron que consideraban “un error político” tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia disponiendo la intervención, como el anuncio de expropiación realizado por el Presidente de la Nación. “Que eso había puesto a la empresa en una crisis mayor, y que ante ese escenario hay que buscar las soluciones en el marco del concurso, respetando la investidura del juez, con el Gobierno de Santa Fe al frente de una propuesta de acuerdo que permita la continuidad de la empresa, rechazando todo intento de expropiación”.

 

El gobernador, por su parte, sostuvo que “se necesita generar confianza”, la que puede generar el Estado santafesino, “que la actuación de la provincia es en defensa de la propiedad privada, que todos debemos concentrarnos en la construcción de una nueva empresa en el marco del concurso, respetando el rol del juez y resguardando los derechos de los acreedores y accionistas”. 

 

Según los representantes del campo, para esa opción superadora a la expropiación, el Gobernador manifestó que “la provincia no cuenta con recursos, pero que la petición de intervención realizada al Juez de concretarse daría tranquilidad a los trabajadores, generaría actividad y facilitaría el ingreso de fondos necesarios para una nueva etapa de la empresa, en un sector estratégico” según palabras del mandatario.

 

Acuerdos y diferencias 

 

Según Ignacio Mántaras, secretario de Carsfe, las 4 entidades manifestaron la intención de acompañar al gobernador si se busca un camino de diálogo y de salida al conflicto por los marcos legales y siempre sin avalar la expropiación. “El gobernador demostró muy buena predisposición al diálogo”, afirmó el productor y abogado. “De hecho ayer se reunieron ministros de la provincia con representantes de la empresa, lo que deja entreveer una actitud distinta a la del gobierno nacional. Está abocado al tema y procura rescatar a la empresa”, afirmó.

 

Según Mántaras, el gobernador “habló de una empresa nueva, pujante y renovada, para lo cual se requiere de confianza y considera a la provincia como un factor clave a la hora de generar esa confianza para operar: para los trabajadores, los productores defraudados, y para salir a buscar fondos y nuevos socios para la empresa”.

 

En ese punto, manifestó que la provincia “no cuenta con fondos, sino que se piensa en fondos de la Nación, aunque no descartó la posible participacción de una emprea nacional o extranjera que quiera participar de una futura sociedad con la empresa. Se manifestó muy respetuoso del juez y que cualquier salida que procure la provincia sería a través del diálogo, contemplando los intereses de los acreedores y de los accionistas, así que en términos generales fue una reunión positiva”. En cuanto a la gestión de la IGPJ “se intercambiaron opiniones sobre esa medida, pero el gobierno sin desmenuzar información sobre la solución de fondo, defendió este pedido de intervención supeditado a la resolución del juez”. 

 

Dentro y fuera de la ley 

 

Según Guillermo Cullen, de SRA, la reunión fue “muy cordial” y las entidades “manifestamos nuestro rechazo a la expropiación, y que no entendíamos la intención de intervenir la empresa”. Para Cullen se trata de “una intromisión en el poder judicial. Al terminar nos enteramos que el juez no dio lugar a la iniciativa del gobierno. Por otro lado, el gobernaor lo repitió que da por asentado que si no daba lugar el juez a lo que ellos proponían la única salida es la intervención. Para nosotros la utilidad pública es discutible, ellos argumentan el tamaño de la empresa y los trabajadores. Es una interpretación rara de la ley, porque sino toda empresa es de utilidad pública y sujeta a expropiación. Dentro de la ley todo, fuera nada”. 

 

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