26-06-2020 / Una propuesta para un delito que crece

Pirola propone crear unidad fiscal contra delitos rurales

 

El Instituto dependerá del Ministerio Público de la Acusación, y ejercerá sus funciones en el ámbito territorial de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia y en relación a los hechos delictivos que se consideren cometidos en el ámbito rural y para aquellos hechos tipificados en el Código Penal.

 


La  iniciativa del senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola (PJ-NES) establece que "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales" dependerá directa y exclusivamente del Fiscal General, de acuerdo con el Reglamento de Agencias y Unidades Fiscales Especiales dependientes del Fiscal General, Resolución N° 036/2015, quien determinará la sede o asiento de la misma en cada una de las cinco circunscripciones judiciales y establecerá la cantidad de Fiscales y Fiscales Adjuntos que las integrarán, previo asesoramiento de la Junta de Fiscales.

Los Fiscales y Fiscales Adjuntos de la "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales" tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal pública de acuerdo a las previsiones de la Ley 13013, las instrucciones del Fiscal General y la distribución del trabajo que se establezca.

Fundamentos 

El  proyecto de ley tiene por objeto proponer la creación de la "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales", en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, a los efectos de contar con una estructura y una organización judicial especializada en la investigación y persecución de los delitos rurales que se cometen en la provincia de Santa Fe.

Pirola señala que el delito rural no tiene las mismas características que el delito urbano, especialmente por la clara diferencia del terreno en que opera, que por dimensión y extensión se hace difícilmente controlable.

Es una realidad que los delitos rurales han recrudecido en el país y en nuestra provincia y que cada vez adquieren connotaciones más peligrosas, sobre todo para los habitantes de zonas rurales, por la violencia y la fuerza empleadas o uso de armas en su comisión.

Por otra parte, resulta claramente comprensible la importancia económica que significa el sector agropecuario en el PBI de la provincia y los daños y perjuicios que se derivan de la comisión de los delitos rurales, que no sólo impactan en la economía del sector y de la provincia, sino también en cuestiones de salud pública por el faenamiento y la comercialización ilegal de carne en el caso del abigeato, así como el desaliento de la continuidad productiva o el desarraigo de la población rural ante la creciente inseguridad en que viven.

Reclamos del campo

Las entidades representativas del sector agropecuario vienen reclamando largamente la atención de las autoridades públicas en la cuestión y a la vez también se organizan para presentar propuestas. Podemos destacar la actitud de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), que ha constituido una "Comisión de Seguridad Rural" y desde el año 2017 vienen realizando aportes en la cuestión.

La Comisión de Seguridad de CARSFE se ha reunido oportunamente con autoridades del Ministerio Público de la Acusación para ponerse a disposición y ofrecer su acompañamiento y trabajo conjunto, a la vez que en febrero de 2018 hicieron entrega de un documento elaborado por dicha comisión, del cual Pirola extrae y reproduce en los párrafos que a continuación expone:              

"...la Seguridad Rural es vista como un todo: desde la prevención del delito hasta la sentencia condenatoria de los imputados y la contención y el resarcimiento económico de la víctima...";

"...consideramos necesario un cambio de paradigma en el enfoque de la lucha contra el delito rural...";

"...los productores víctimas en su gran mayoría no denuncian debido a años de ineficacia e impunidad. Esto hace que en apariencia el delito ocurra en cuentagotas y no sea significativo para la opinión pública. No tiene la repercusión mediática del delito urbano. Hay como una especie de adormecimiento por parte de las víctimas, que especialmente en caso de robo por goteo lo asumen como pérdida hasta que abandonan la actividad...";

"...hay problemas de desarraigo, inconvenientes para que los empleados queden en los puesto. Esto trae aparejado dificultades respecto de la seguridad de maquinarias e insumos en establecimientos que queden sin nadie a cargo. Este punto se irá agravando en la medida que los municipios y comunas sancionen normativas que prohíban el depósito de insumos y maquinarias agrícolas en las áreas urbanas...".

Bandas rurales

El senador Pirola agrega que se advierte que muchos delitos rurales se cometen a través de bandas organizadas, con inteligencia previa y manejo de recursos materiales, que vuelve más compleja y dificultosa la intervención de los organismos policiales y judiciales, por lo que se requiere una mayor consideración de la cuestión en las actuales estructuras jurisdiccionales y una mayor especialización para su prevención, investigación y persecución.

En otras provincias ya se ha avanzado en la cuestión, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, con la creación de fiscalías especializadas y patrullas rurales, en la provincia de Chaco con la Ley 6096, sancionada en el año 2007 que instrumenta la intervención de los Fiscales de Investigación Rural y Ambiental o la provincia de Corrientes, que por Ley 5691, en el año 2006, crea la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental.

En este sentido consideró Pirola  que la creación de una "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales", en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, constituirá una herramienta adecuada y útil para enfrentar la problemática del delito rural.
 

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