24-06-2020 /

Vicentin: el ruralismo santafesino espera que el gobernador les explique "el Plan Perotti"

Este mediodía el mandatario concederá, en formato virtual, una audiencia a la Mesa Agropecuaria que integran Carsfe, FAA, SRA y Coninagro. “Entendemos que se nos va a explicar un poco más el Plan”, dijo el dirigente Ignacio Mántaras. Fuertes crítica a la intervención de la IGPJ.

 


Juan Manuel Fernández | @jotafernan

 

El ruralismo santafesino tendrá este mediodía su audiencia virtual con el gobernador de la provincia en la que esperan conocer detalles del llamado “Plan Perotti” para la empresa Vicentín.

 

La entrevista, solicitada el 12 del corriente por la Mesa Agropecuaria que integran Carsfe, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y Coninagro, se produce en medio de la polémica que desató el gobierno nacional con la decisión de intervenir y expropiar la aceitera de Avellaneda y la posterior intervención santafesina, ambas acciones duramente criticadas por el sector.

 

“Entendemos que se nos va a explicar un poco más el Plan”, dijo el secretario de Carsfe, Ignacio Mántaras, quien consideró que hasta el momento bajo ese rótulo sólo se implementó la intervención de la firma por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ). 

 

Al respecto, el dirigente advirtió serios fallos jurídicos en esa acción que llevó a cabo la administración provincial. El primero es que se asienta en el DNU presidencial, con el agravante de que mientras el decreto de Alberto Fernández dispuso la intervención por 60 días mientras la propuesta de la IGPJ es sin plazo establecido. “Entendemos que es una arbitrariedad y un exceso del organismo de control”, sostuvo Mántaras, en medio de un proceso judicial en marcha. 

 

Por otra parte, advirtió que la medida “tiene un elemento muy peligroso”, como es fundamentar la falta de idoneidad del directorio en la cesación de pagos de la empresa. “La verdad que en tiempo de pandemia, donde habrá muchas empresas en cesación de pagos, ese sólo elemento para justificar la intervención altera el estado de derecho”, sostuvo en referencia a que cualquier firma con problemas de liquidez podría ser intervenida con ese argumento. “Nos parece grave que se utilice un órgano de control con fines políticos”, acusó, ya que con la excusa de un “rescate” en realidad se desplaza a sus dueños de la conducción.

 

El secretario de Carsfe sostuvo que el “la cuestión de fondo” debiera ser “pensar entre todos cómo garantizar la continuidad de una empresa en crisis”. En cambio “no se está dando ese debate” y en lugar de discutir sobre las herramientas que permitan sostener la compañía “se está discutiendo en términos más políticos e ideológicos”.

 

Pese a que la “mediación” santafesina ha sido rotulada a nivel nacional como el “Plan Perotti”, sólo se conocen las acciones de la IGPJ. “Entendemos que hay un plan que no es público y creemos que Nación, provincia o acreedores van a colaborar en el rescate; pero la herramienta que se busca para materializarlo, como es la intervención, no estamos de acuerdo; porque ningún fin justifica los medios”. 

 

Esa vía, dijo Mántaras, es inconstitucional y opinó que se debería discutir “de qué manera se puede armar un esquema por el cual parte de los accionista de Vicentín estén representados en el directorio; lo mismo que los gobiernos que participen del rescate”. Lo que “de ninguna manera” resulta aceptable -concluyó- “desplazar a un directorio de una empresa privada sin consultar a los accionistas ni a los acreedores”. 

 

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