Los santos vienen marchando
Por Eloy Rodríguez

El tráfico de información al que tendrían acceso grandes empresas exportadoras de granos, habría provocado la privatización de las retenciones con motivo del aumento de las mismas, como consecuencia de la demora en el cierre del registro de declaraciones de exportaciones tanto para la oleaginosa como para los subproductos.

Las declaraciones de ventas al exterior por parte del sector exportador crecieron a la par del aumento de las retenciones a los granos determinado por el Gobierno Nacional.

Así, tanto las aceiteras como las cerealeras se habrían asegurado un precio de venta con la gabela al 27,5%, en lugar del 35% que fue el aumento decretado para el poroto de soja. Hasta la fecha de dicho incremento, 7 de noviembre de 2007, se habrían inscripto casi 19.000.000 toneladas de soja y sus derivados, cosecha 2007/2008, el 50% del total previsto para dicho período, 15.000.000 de toneladas más que en el 2006.

De esta manera, los exportadores habrían obtenido alrededor de 300 millones de dólares, en detrimento, alrededor de un 19%, de los propios productores y del erario público.

De allí que el ex legislador Martínez Raimonda, elaboró un proyecto que obliga a los exportadores a demostrar la compra previa de la mercadería declarada, bajo pena que de no ser así se debería aplicar la alícuota más alta. Es decir el proyecto obliga a comprar los granos antes de declarar la exportación, pero también establece que quienes hayan anotado ventas pagarán la diferencia entre el momento del registro y el del embarque. Esa diferencia sumaría u$s 450 millones.

Esta registración de ventas al exterior ocurrió en octubre de 2007, que derivaría de la pesquisa obtenida sobre el aumento del arancel exportador y ante la posibilidad de una variación en la ley original 21.453.

Las exportadoras Cargill, André, Bunge y Born, ADM y Dreyfus, habrían planteado la inconstitucionalidad porque la norma legislaría retroactivamente. Roberto Urquía (dueño de la Aceitera General Deheza), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, apuntaría a modificar el texto para evitar su enfoque retrospectivo, porque su negativa podría interpretarse como una defensa de su propio interés.

Desde noviembre a la fecha se han producido embarques sin que el control aduanero ni el de la Oncca haya detectado ninguna anormalidad (¿existía la compra previa de lo vendido? ¿las retenciones se aplicaron al momento de la exportación? ¿Qué porcentaje se aplicó?)

La tan mentada distribución de la riqueza y la lucha contra la concentración económica necesita de transparencia. No por la corrupción, que siempre existirá, sino por los privilegios.

Salvo que el poder sirva para tener impunidad.